En una operación liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, el Ejército Nacional desmanteló un laboratorio de procesamiento de cocaína en el municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que generaba al menos 400 kilos de clorhidrato de cocaína al mes. Las instalaciones, ubicadas en las veredas La Esmeralda y La Ceiba, estaban diseñadas para una producción mensual valorada en aproximadamente 240 millones de pesos, sumando un golpe financiero significativo a las estructuras criminales de la región.
Durante el operativo, las tropas encontraron 685 galones de gasolina y 29 kilos de cal, junto con otros insumos químicos esenciales para la fabricación del alcaloide. Las instalaciones incluían maquinaria como prensas artesanales y estructuras de madera, que permitían un procesamiento a gran escala. Además, se incautaron equipos como microondas, tanques de acero y empacadores al vacío, necesarios para empacar y transportar la droga. Según el Ejército, estos equipos estaban distribuidos en varios puntos estratégicos, lo que les permitía mantener una producción continua y alta eficiencia operativa.
El coronel Manuel Espejo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, explicó que la operación fue el resultado de labores de inteligencia que identificaron los puntos de almacenamiento y producción del alcaloide. “Este tipo de operaciones son vitales para debilitar las finanzas de los grupos armados ilegales en Bolívar, una región clave para el narcotráfico”, señaló el oficial. La destrucción del laboratorio forma parte de una serie de operativos en la región, donde las autoridades buscan frenar la expansión de estructuras criminales ligadas al Clan del Golfo y otras bandas emergentes.
La ubicación de este laboratorio en el sur de Bolívar evidencia la capacidad logística de las redes narcotraficantes para operar en áreas rurales apartadas. El Ejército ha reiterado su compromiso de mantener operaciones de control territorial en zonas donde el narcotráfico y la minería ilegal ejercen una fuerte influencia. Las autoridades esperan que, con el desmantelamiento de estas instalaciones, se reduzca el flujo de cocaína hacia los mercados internacionales y se proteja a las comunidades rurales de la violencia y la criminalidad que acompañan a estas actividades.
