El reciente anuncio del Ministerio de Defensa de Colombia sobre la eliminación de operaciones conjuntas entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ha desatado una intensa polémica entre expertos en seguridad y altos mandos militares. La medida, que tiene como objetivo promover la especialización y optimización de recursos en cada una de las fuerzas, ha generado dudas y críticas por su potencial impacto en la efectividad de la lucha contra el narcotráfico, las bandas criminales y otros grupos armados ilegales que operan en el país.
Hasta ahora, las tareas conjuntas han sido un componente clave en la estrategia militar de Colombia, permitiendo una coordinación que en la última década ha facilitado la captura de importantes cabecillas y la desarticulación de redes delictivas. Entre 2018 y 2022, por ejemplo, se llevaron a cabo más de 1.200 operativos conjuntos que resultaron en la captura de unos 4.500 miembros de organizaciones ilegales y la incautación de más de 500 toneladas de cocaína, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa. Estos resultados han sido un respaldo al modelo de cooperación que ahora quedaría modificado.
Sin embargo, algunos sectores de la administración del presidente Gustavo Petro aseguran que este cambio fortalecerá la independencia operativa de cada fuerza, permitiéndoles adaptarse a sus respectivos retos y especialidades. Según declaraciones de fuentes oficiales, la Armada, por ejemplo, podrá enfocar sus esfuerzos en el control marítimo y la interdicción de rutas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, mientras que el Ejército centraría sus acciones en zonas terrestres críticas, como el Cauca y el Catatumbo. “Esta reestructuración busca una mayor eficiencia y especialización”, expresó un vocero del Ministerio de Defensa, argumentando que se mantendrá la colaboración en inteligencia y logística entre las fuerzas.
Por otro lado, oficiales retirados y analistas de defensa han señalado que la eliminación de la estructura conjunta podría fragmentar la respuesta militar ante amenazas que exigen un enfoque unificado. Carlos Ospina, general retirado y experto en seguridad, advierte que “la falta de coordinación podría beneficiar a los grupos armados, que saben aprovechar cualquier brecha para expandir sus operaciones en territorios vulnerables”. También se ha expresado preocupación por el posible debilitamiento en áreas de frontera y zonas rurales donde la presencia del Estado depende en gran medida de una respuesta rápida y coordinada.
La medida aún se encuentra en fase de implementación y será sometida a evaluación durante los próximos meses para ajustar aspectos operativos y, de ser necesario, revertir o adaptar la decisión. Entretanto, el país seguirá atento a los efectos de esta nueva estrategia que podría reconfigurar la manera en que Colombia enfrenta las amenazas de seguridad que persisten en varias de sus regiones.
