El programa «Jóvenes en Paz», impulsado por el gobierno para mejorar las condiciones de vida de jóvenes vulnerables, restringirá su cobertura a aquellos que se encuentren en extrema pobreza, dejando por fuera a un importante número de jóvenes en situación de riesgo. Tras una reciente resolución del Consejo de Estado, se ha definido que la selección de beneficiarios priorizará las necesidades más apremiantes, un enfoque que busca distribuir los recursos limitados del programa a quienes enfrenten los mayores obstáculos socioeconómicos.
Según cifras oficiales, en Colombia aproximadamente el 12% de la población juvenil se encuentra en extrema pobreza, una fracción de los más de 4,2 millones de jóvenes en situación de vulnerabilidad. «La priorización es necesaria debido a los recursos limitados, pero también porque en estas condiciones de extrema pobreza el impacto positivo es mayor», afirmó un portavoz de la oficina de inclusión social del gobierno, enfatizando que la meta es llegar al menos a 50.000 jóvenes para el cierre de 2025.
Pese a sus objetivos, esta restricción ha despertado críticas y dudas en varios sectores, que advierten sobre el riesgo de dejar desprotegidos a otros jóvenes en situación de pobreza relativa o en regiones con altos índices de reclutamiento por grupos ilegales. «Es necesario ampliar los criterios de acceso. Hay miles de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que, aunque no estén en extrema pobreza, siguen siendo vulnerables a riesgos de violencia o delincuencia», señaló un experto en políticas sociales.
En la primera etapa de implementación, el programa ofrecerá acompañamiento psicosocial y un incentivo económico mensual de $200.000 para los jóvenes que cumplan con los requisitos y mantengan una ruta de inserción educativa o laboral. Con la expectativa de extender esta cobertura en el futuro, el gobierno se ha comprometido a gestionar recursos adicionales para ampliar el alcance del programa y cubrir a más jóvenes que necesitan oportunidades para mejorar su calidad de vida.
