En una sentencia histórica, Thomas Michael Renno, un ciudadano estadounidense de 72 años, fue condenado a 30 años y 6 meses de prisión en Colombia por delitos de explotación sexual comercial de menores en Medellín. Este fallo es un contundente mensaje de las autoridades colombianas contra la explotación infantil y una advertencia a quienes pretendan utilizar el país para este tipo de crímenes.
El caso fue investigado por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de autoridades internacionales, quienes lograron identificar a Renno como el responsable de un elaborado esquema de captación de menores. Su modus operandi incluía el uso de identidades falsas en redes sociales, donde se hacía llamar “Tom Renno” o “Tom Reinolds”, para acercarse a menores en Medellín. A través de estas plataformas, contactaba a niñas y adolescentes, a quienes ofrecía dinero a cambio de encuentros íntimos. Renno aprovechaba la diferencia cambiaria entre el dólar y el peso para abusar de su posición económica y persuadir a menores de familias vulnerables.
La investigación comenzó en septiembre de 2018, después de que una alerta proveniente de las autoridades estadounidenses identificara la presencia de contenido explícito en internet, asociado a un computador ubicado en Medellín. Esta alerta permitió a los investigadores seguir el rastro digital de Renno y confirmar que había ingresado a Colombia en al menos siete ocasiones entre 2017 y 2018. Una vez en el país, utilizaba el aeropuerto de Rionegro, Antioquia, como punto de entrada para luego instalarse en Medellín, donde llevaba a cabo sus actividades delictivas.
Este fallo marca un paso firme en la lucha contra el “turismo sexual” y la explotación de menores en el país. Medellín, reconocida internacionalmente como un destino turístico, ha enfrentado un aumento en los casos de abuso por parte de extranjeros en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las campañas de prevención y endurecer los controles en hoteles y alojamientos de corta estancia. La Policía y la Fiscalía también han intensificado la vigilancia en plataformas digitales para identificar posibles redes de explotación de menores.
Con esta condena, Colombia no solo reafirma su compromiso con la defensa de la niñez y la adolescencia, sino que envía un mensaje claro a los potenciales depredadores: el país no tolerará crímenes contra sus menores y actuará con todo el peso de la ley para protegerlos. La comunidad internacional y las autoridades locales siguen trabajando en conjunto para poner fin a estos delitos, reforzando así la seguridad y el bienestar de la infancia colombiana.
