El Ministerio de Justicia presentó el borrador de un decreto que reglamentará el trámite de cambio de sexo en documentos de identidad en Colombia, facilitando este procedimiento en notaría, tanto para adultos como para menores de edad. La normativa incorpora elementos novedosos y pretende mejorar la protección de derechos al permitir que personas menores puedan realizar la solicitud, apoyados en un marco jurídico que prioriza el libre desarrollo de la personalidad.
Desde que la Corte Constitucional autorizó esta modificación en 2015 mediante el Registro Civil, el número de solicitudes de cambio de sexo en el país ha crecido, llegando a 739 registros hasta la fecha, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Solo en el último año se han tramitado 192 solicitudes, siendo Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá las zonas con más registros. El nuevo decreto establece opciones adicionales en los documentos: Femenino (F), Masculino (M), No Binario (NB) y Trans o Travesti (T), lo cual ampliará las categorías para quienes desean reflejar su identidad de género en su documento de identidad.
Uno de los puntos más debatidos en el decreto es la posibilidad de que menores de edad soliciten la corrección de sexo en sus documentos, incluso sin un representante legal. En estos casos, el notario tendrá la obligación de notificar a la Defensoría de Familia para que intervenga en el trámite, garantizando el cumplimiento de los derechos fundamentales de los menores. La normativa también permite una reversión del cambio de sexo, si el solicitante decide modificarlo nuevamente, aunque con un tiempo mínimo de 10 años después del primer cambio.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la propuesta afirmando que la ley debe proteger el derecho al desarrollo individual de cada persona, sin exclusiones. No obstante, representantes de organizaciones defensoras de derechos de los menores de edad han expresado su preocupación por la implementación de esta medida. La organización Red Papaz enfatizó la necesidad de claridad en los términos para evitar confusiones y sugirió un enfoque cuidadoso para garantizar que el cambio de identidad se realice en el momento adecuado de desarrollo.
Desde organizaciones en favor de los derechos LGBTQ+, el decreto es visto como una herramienta que sigue las decisiones ya tomadas en la normativa vigente. Además, el articulado precisa que el cambio de sexo en documentos no afectará aspectos legales diferenciados, como el régimen pensional, asegurando que los efectos del trámite no modifiquen otros derechos de los individuos, contribuyendo así a una mayor inclusión sin alterar su identidad jurídica.
