El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que avanza en su sexto debate en el Congreso, ha revelado una pugna de alto nivel en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Hacienda, Ricardo Bonilla, se encuentran en desacuerdo sobre los efectos fiscales de esta ambiciosa propuesta. Mientras Cristo defiende la iniciativa como un paso crucial hacia la descentralización prometida en la Constitución de 1991, Bonilla advierte sobre los riesgos para la sostenibilidad financiera del país.
La propuesta de reforma busca aumentar la transferencia de recursos de la Nación a los departamentos y municipios, pasando del 20% al 46,5% de los ingresos corrientes en un plazo de diez años. Según Cristo, esta es la única vía para aliviar el «centralismo asfixiante» y otorgar mayor autonomía a las regiones. El ministro ha argumentado que el proyecto permitirá mejorar la prestación de servicios básicos como educación, salud y saneamiento básico, áreas donde las regiones han estado tradicionalmente desfinanciadas.
Por su parte, Bonilla ha mostrado su preocupación. El ministro de Hacienda señala que este aumento de recursos podría tener un impacto negativo en las finanzas de la Nación. Según el Ministerio, la reforma impondría una carga fiscal insostenible, comprometiendo otros programas prioritarios y obligando a recortes en el presupuesto general. A esta crítica se ha sumado el director de Planeación Nacional, Alexander López, quien emitió un concepto negativo sobre la viabilidad del proyecto.
A pesar de las alertas del equipo económico, el presidente Petro ha respaldado la propuesta, instando a las bancadas a alcanzar un «acuerdo nacional» en torno a la descentralización. Cristo ha sostenido que la reforma es una demanda histórica de las regiones y que su implementación gradual, junto con una Ley de Competencias, garantizará que las nuevas responsabilidades de los entes territoriales sean asumidas sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
