El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, dio luz verde a una de las reformas más esperadas en el Congreso: la modificación del sistema general de participaciones (SGP). Esta propuesta, que busca aumentar los recursos destinados a las entidades territoriales, ha generado un intenso debate en el gabinete y entre sectores políticos. Se trata de un cambio estructural que promete impactar las finanzas de gobernaciones y alcaldías, pero con condiciones claras: más recursos a cambio de más responsabilidades.
El proyecto prevé un aumento progresivo en los giros que la Nación hace a las regiones, pasando del 41% al 46,6% de los recursos corrientes de la Nación en un plazo de diez años, a partir de 2027. Esto supone un alivio financiero para los departamentos y municipios, especialmente en áreas críticas como educación, salud y servicios públicos, que dependen en gran medida de estos fondos. Sin embargo, el aumento de recursos vendrá acompañado de una redistribución de competencias, obligando a las autoridades locales a asumir más funciones de gobierno.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha sido uno de los principales defensores de esta reforma, destacando la urgencia de descentralizar el poder y devolver autonomía a las regiones. Según Cristo, “mayor autonomía implica mayor responsabilidad, y los entes territoriales deberán estar preparados para asumirla”. En contraposición, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha expresado su preocupación por la sostenibilidad fiscal de la propuesta, señalando que el aumento de recursos debe estar alineado con las proyecciones macroeconómicas del país.
La aprobación de esta reforma en el Senado será crucial para definir el futuro de la descentralización en Colombia. Mientras el Gobierno asegura que la medida permitirá reducir las desigualdades territoriales, un sector del Congreso sigue exigiendo ajustes para garantizar que el sistema no sobrecargue las finanzas del Estado.
