La polémica continúa tras la denuncia sobre la contratación directa que realizó la Cancillería por $10.364 millones para actualizar el software de agendamiento de citas para pasaportes. El contrato, adjudicado a Aldesarrollo, ha sido cuestionado por su presunta falta de experiencia en el sector tecnológico y los antecedentes de incumplimiento en otros contratos estatales. No obstante, fuentes al interior de la entidad defendieron la decisión, asegurando que se trató de una medida «técnicamente justificada».
Según documentos revisados por este medio, la obsolescencia de los sistemas de la Cancillería, que tienen más de 10 años sin una actualización significativa, fue la razón principal para optar por la contratación directa. “El sistema de agendamiento presentaba inconsistencias graves que afectaban la prestación del servicio, y esta actualización era urgente para mejorar la experiencia de los ciudadanos”, explicaron fuentes de la entidad.
La contratación con Aldesarrollo, una entidad pública descentralizada integrada por dos instituciones de educación superior, también ha generado críticas debido a su historial de proyectos fallidos. Sin embargo, desde la Cancillería insistieron en que el proceso siguió los lineamientos legales y se basó en el principio de «selección objetiva». Entre varias opciones consideradas, Aldesarrollo presentó la oferta más económica y cumplió con los tiempos de ejecución necesarios para la actualización tecnológica.
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a las acusaciones de «contratación a dedo», señalando que, aunque se realizaron convocatorias a través del portal de contratación pública SECOP, solo dos empresas participaron y ninguna garantizaba los requisitos necesarios. Ante esta falta de interés, se recurrió a identificar entidades públicas con experiencia, optando finalmente por Aldesarrollo tras evaluar su capacidad de ejecución y experiencia en proyectos con otras entidades del Estado.
