El paro minero en Colombia, iniciado el 21 de octubre, ya se ha extendido a seis departamentos, incluyendo Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Caldas, Norte de Santander y, próximamente, Chocó. Cerca de 33,000 mineros en Antioquia y Córdoba lideran las protestas, reclamando contra dos decretos emitidos por el Gobierno que, según los manifestantes, ponen en riesgo la minería tradicional.
Los decretos 1035 y 044, emitidos por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente, respectivamente, son el centro de la discordia. El primero permite la destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal, mientras que el segundo regula temporalmente las reservas naturales. Los mineros también exigen que el Gobierno cumpla con los acuerdos de formalización del sector, los cuales consideran han quedado en el aire desde el paro de 2023.
El impacto de los bloqueos es notable: en Antioquia, más de 16,000 toneladas de productos han quedado retenidas, afectando el abastecimiento en varias regiones. Defencarga, el gremio transportador, ha instado a las partes a entablar un diálogo urgente para evitar mayores perjuicios a la economía y la movilidad en el país.
Las movilizaciones se mantienen pacíficas, pero las alcaldías de municipios como Caucasia y Tarazá han decretado medidas preventivas como la «Ley Seca» y la restricción de porte de armas y materiales peligrosos. Los mineros han expresado su disposición a negociar, pero aseguran que seguirán con las manifestaciones hasta que se les ofrezcan garantías concretas por parte del Gobierno.
