El proyecto de reforma a la justicia presentado por la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, ha generado un acalorado debate en el Senado. En particular, la propuesta de permitir rebajas de penas en casos de delitos graves contra menores de edad, como homicidio, secuestro y abuso sexual, ha despertado fuertes críticas y defensas por igual. La Comisión Primera del Senado instaló una audiencia pública este lunes para escuchar a los autores de la iniciativa y a quienes se oponen a estas modificaciones.
Gerson Chaverra, en defensa del proyecto, argumentó que el actual sistema judicial está colapsado y que la rebaja de penas podría ayudar a acelerar los procesos, evitando que muchos delitos prescriban o terminen en absolución. «Es el dolor profundo que sentimos al ver cómo el 70% de los casos que llegan a la Corte están relacionados con niños y adolescentes, y muchos terminan sin condenas debido a la congestión judicial», expresó el magistrado, quien también hizo referencia a casos recientes como el de Brayan Campo, acusado del feminicidio de Sofía Delgado, para ilustrar las fallas del sistema.
El proyecto propone que, en lugar de eliminar la posibilidad de preacuerdos y allanamientos en estos delitos, se permita una rebaja de hasta un 25% de la pena para quienes acepten los cargos. «Lo que disuade al delincuente no son las penas de 50 o 40 años, sino una sentencia pronta y segura», añadió Chaverra, destacando que una condena rápida ofrecería justicia y reparación más efectiva para las víctimas.
Por su parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo defendió la propuesta como una alternativa para descongestionar el sistema y evitar la impunidad. Aclaró que las rebajas de penas no son una obligación, sino una opción para quienes decidan colaborar con la justicia. «No queremos beneficiar a los peores delincuentes con rebajas excesivas. Las penas seguirán siendo altas, pero se necesita un sistema más eficiente», puntualizó la fiscal, quien subrayó que este tipo de beneficios no aplicarán para obtener libertades anticipadas como la prisión domiciliaria o la libertad condicional.
Sin embargo, varias organizaciones de protección infantil y voces de la sociedad civil han manifestado su preocupación. Catalina Escobar, directora de la Fundación Juanfe, advirtió que permitir rebajas a personas condenadas por delitos contra menores podría llevar a una mayor reincidencia. «Un psicópata reincide, no podemos soltarlos de nuevo a la sociedad», declaró Escobar, subrayando que ejemplos como el asesino de Sofía Delgado demuestran el riesgo que implican estas rebajas para la seguridad de los menores.
El debate continúa mientras la Comisión Primera del Senado sopesa los argumentos a favor y en contra de la reforma. Las posiciones siguen divididas, y el futuro del proyecto dependerá de cómo se logre conciliar el objetivo de una justicia más eficiente con la necesidad de proteger a las víctimas más vulnerables del país.
