El Gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y las ministras de Justicia, Ángela María Buitrago, y Agricultura, Martha Carvajalino, presentó un mensaje de urgencia para acelerar el trámite de la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Esta medida busca cumplir con uno de los compromisos del acuerdo de paz de 2016, ofreciendo un marco normativo que resuelva los conflictos sobre la tierra y promueva la reforma rural integral. Sin embargo, el anuncio ha generado un amplio debate debido a los posibles riesgos que, según críticos, la propuesta implica para la propiedad privada.
El principal cambio en el sistema agrario radica en la creación de una jurisdicción especializada para resolver conflictos rurales. Aunque la ley es vista como necesaria para impulsar la adquisición de tierras y mejorar las condiciones de los campesinos, algunos sectores alertan sobre vacíos en el proyecto que podrían facilitar «expropiaciones exprés». La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, fue una de las primeras en señalar los riesgos, indicando que el Gobierno podría agilizar procesos de expropiación vía judicial sin un adecuado control, generando inestabilidad en la propiedad privada.
Organizaciones como la Fundación para el Estado de Derecho también se han sumado a las críticas. En un estudio reciente, advirtieron que la propuesta podría vulnerar derechos fundamentales al reducir las etapas de control judicial en ciertos procedimientos agrarios. Un punto de especial preocupación es la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras adquiera propiedades a través de procesos administrativos, lo que, según los críticos, abre la puerta a una posible «expropiación exprés» sin la debida supervisión judicial.
A pesar de las críticas, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha defendido la iniciativa, negando cualquier intención de promover expropiaciones aceleradas. Según la funcionaria, el proyecto busca regular de manera justa los procedimientos relacionados con la tierra, garantizando que los campesinos tengan acceso a un sistema judicial especializado. Sin embargo, el debate continúa, y la presión está ahora en el Congreso, que deberá discutir y aprobar el proyecto en un plazo máximo de tres meses, tras la radicación del mensaje de urgencia.
