Un grupo de 56 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran comunidades étnicas y víctimas del conflicto armado, ha dirigido una carta urgente a las Naciones Unidas expresando su preocupación por los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc-EP. Según los firmantes, estos incumplimientos han generado crisis humanitarias y graves violaciones a los derechos humanos en varias regiones donde la presencia estatal es limitada.
En la misiva, las organizaciones enfatizan que los rezagos en la ejecución de los compromisos afectan directamente a las comunidades más vulnerables, donde los grupos armados ilegales continúan teniendo un fuerte control territorial. “El acuerdo, que debía completarse en 15 años, ya muestra serios atrasos, poniendo en peligro la paz y la estabilidad en las zonas más afectadas por el conflicto”, señala el texto.
El gobierno de Gustavo Petro solicitó en julio de 2024 al Consejo de Seguridad de la ONU que considere extender el plazo de implementación más allá de los 15 años establecidos. Esta propuesta, presentada por el canciller Luis Gilberto Murillo, busca asegurar la finalización de los compromisos aún pendientes. Sin embargo, las organizaciones advierten que la política de “Paz Total” ha desviado la atención del acuerdo original, afectando el enfoque en la justicia y reparación para las víctimas.
Los firmantes proponen la creación de una entidad especial dentro de la Presidencia que supervise directamente la implementación del acuerdo y garantice que los avances sean consistentes en los próximos dos años. Las víctimas enfatizan que la falta de seguridad para líderes sociales y defensores de derechos humanos es otra deuda urgente que el Estado debe saldar, para asegurar que los avances en paz no sean revertidos y se construya una Colombia libre de conflicto y violencia.
