En medio de la controversia generada por la investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes recibió este miércoles la ponencia de la reforma política del Gobierno. Aunque el proyecto original planteaba que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueran elegidos por las altas cortes para garantizar su independencia, la nueva propuesta sugiere que sea el Congreso quien continúe seleccionando a los magistrados, pero mediante convocatoria pública.
El cambio principal en el documento es que los magistrados del CNE ya no serían nominados por partidos políticos, como ocurre actualmente, sino que se establecería un proceso público de selección. Según el representante Carlos Felipe Quintero, este ajuste busca garantizar la imparcialidad de la autoridad electoral, permitiendo que sea el Congreso quien elija después de un riguroso proceso de evaluación.
Otro punto relevante del proyecto es la propuesta de implementar el voto obligatorio en Colombia, con el objetivo de reducir la compra de votos y la corrupción electoral. “Es necesario que en Colombia exista voto obligatorio para evitar tanta corrupción y fraude en las elecciones”, afirmó Quintero. Además, el texto cierra la posibilidad del transfuguismo político, impidiendo que los congresistas, diputados o concejales puedan cambiar de partido sin enfrentar sanciones. También se mantiene el umbral del 3 % del censo electoral para que los partidos políticos obtengan o conserven su personería jurídica, descartando una reducción a favor de los partidos más pequeños, como inicialmente se había planteado.
