El gobierno de Gustavo Petro ha emitido el Decreto 1231 de 2024, el cual establece nuevas directrices para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Según el documento, los uniformados deberán priorizar el uso de métodos disuasivos y preventivos antes de recurrir a la fuerza o al uso de armas de fuego en situaciones de alteración del orden público.
El decreto estipula que la fuerza solo podrá ser utilizada cuando todos los medios alternativos sean ineficaces o insuficientes para controlar la situación. Además, cualquier uso de la fuerza deberá ser reportado a los superiores, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justificaron su empleo.
El excomandante de la Policía de Bogotá, general en retiro Eliécer Camacho, expresó su preocupación por la medida, argumentando que podría dificultar la intervención policial en escenarios de violencia o vandalismo, especialmente durante protestas, cuando es difícil diferenciar a los responsables de actos violentos.
El decreto también regula el uso de armas menos letales, estableciendo que estas deben ser utilizadas solo como último recurso, y enfatiza que siempre se debe privilegiar el diálogo en las intervenciones policiales. Aunque el gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer los derechos humanos y la transparencia, sectores de la seguridad expresan preocupación sobre los posibles efectos de estas directrices en la capacidad operativa de la Policía.
