La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha lanzado una contundente acusación contra Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por presuntos gastos exorbitantes y, según ella, injustificados en el desempeño de sus funciones. Según la denuncia, el exsenador ha recibido pagos por sus servicios diplomáticos que suman $518 millones, pero los gastos en los que ha incurrido hasta la fecha alcanzan los $1.200 millones, lo que ha generado gran controversia.
Entre los aspectos más llamativos de la denuncia presentada por Cabal, se encuentran los altos costos asociados a la residencia de Benedetti en Roma. De acuerdo con los documentos divulgados por la congresista, el embajador habría cambiado de residencia a un inmueble con un alquiler anual de 136.800 euros (aproximadamente $639 millones), lo que implica un contrato por cuatro años que supera los $2.500 millones. Adicionalmente, la senadora reveló que, en el proceso de mudanza, el Gobierno colombiano pagó una comisión de 13.200 euros, equivalente a $61 millones.
Pero el gasto en vivienda no es el único motivo de crítica. Cabal también mencionó que Benedetti alquiló un vehículo por solo cuatro días, cuyo costo fue de 3.290 euros (más de $15 millones de pesos), lo que implica un pago de aproximadamente $181.000 pesos colombianos por hora de uso. Esta cifra ha sido señalada por la senadora como un ejemplo de despilfarro de los recursos públicos, sugiriendo que el embajador está incurriendo en gastos excesivos y ajenos a la realidad económica del país.
Además, Cabal subrayó que estos lujos se dan en un contexto de múltiples investigaciones y cuestionamientos que rodean a Benedetti. Desde su posesión como embajador ante la FAO en febrero de 2024, el exsenador ha estado envuelto en polémicas, incluyendo una investigación de la Cancillería por presunto abandono de cargo y un caso de violencia intrafamiliar, en el cual habría agredido a su esposa, Adelina Guerrero, en Madrid. Estas acusaciones han generado crecientes peticiones para su destitución.
El gasto público en el caso de Benedetti no solo ha encendido las alarmas por su magnitud, sino que también pone en tela de juicio la idoneidad del embajador para el cargo. En abril de este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar una demanda que busca anular su nombramiento bajo el argumento de que no cumple con varios requisitos del manual de funciones para dicho puesto. A pesar de las crecientes críticas y de las investigaciones en curso, Benedetti sigue ejerciendo como embajador, lo que ha generado tensiones políticas y reclamos de distintos sectores.
Análisis: El uso de recursos en la diplomacia bajo escrutinio
El caso de Armando Benedetti pone de manifiesto un problema recurrente en la política colombiana: la falta de transparencia y control en el uso de los recursos destinados a representantes diplomáticos. Si bien es común que los embajadores dispongan de recursos significativos para desempeñar sus funciones, la magnitud de los gastos denunciados por Cabal excede lo que podría considerarse razonable, especialmente cuando se compara con la situación económica del país, que enfrenta múltiples desafíos sociales y fiscales.
El arriendo de una residencia de lujo en Roma por más de $600 millones al año y la contratación de servicios adicionales como el alquiler de vehículos costosos, sumados a las investigaciones pendientes contra Benedetti, plantean serias dudas sobre la responsabilidad fiscal de algunos funcionarios de alto nivel. Además, este caso podría aumentar la desconfianza de la ciudadanía en la gestión pública, al mostrar un aparente desinterés por las limitaciones económicas que afectan a la mayoría de los colombianos.
Este tipo de denuncias refuerzan la necesidad de implementar mecanismos de control más estrictos y transparentes sobre los recursos asignados a las embajadas y representantes diplomáticos. La vigilancia y rendición de cuentas en el sector público no solo es una obligación ética, sino también un imperativo para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la nación.
