El gobierno de Gustavo Petro ha intensificado la entrega de tierras en un intento por avanzar en la implementación de la reforma rural integral acordada en el acuerdo de paz de 2016. Esta semana, el presidente Petro entregó 11.710 hectáreas de tierras incautadas a exparamilitares en San Zenón, Magdalena, y Montería, Córdoba. Estas tierras, que durante más de 15 años no llegaron a las manos de los campesinos víctimas del conflicto, son parte de una estrategia que busca adjudicar 50.000 hectáreas antes de finalizar octubre.
Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), hasta la fecha, el gobierno ha formalizado la propiedad de 1.208.400 hectáreas, pero aún está lejos de la meta de 3 millones de hectáreas establecida en el acuerdo de paz para el año 2028. Aunque las cifras de compra de tierras han aumentado en este gobierno, con 245.370 hectáreas adquiridas, sumadas a las 36.039 compradas por administraciones anteriores, representan solo el 9,3 % del objetivo pactado. Esto ha generado preocupación sobre la capacidad del gobierno para cumplir con las metas en los 22 meses que restan del mandato.
Para acelerar el proceso, el gobierno está preparando un decreto que permitiría una «compra exprés» de tierras, reduciendo los trámites de siete meses a dos. Esta medida busca nutrir el Fondo de Tierras y acelerar la redistribución de tierras a comunidades campesinas y étnicas. No obstante, el director de la ANT, Felipe Harman, ha reconocido que, pese a los avances, las metas del acuerdo de paz aún están lejos de alcanzarse, lo que plantea grandes retos para la administración actual.
Uno de los grandes obstáculos ha sido la compra de tierras a través del acuerdo firmado con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). Aunque los ganaderos han ofrecido más de 1,3 millones de hectáreas al gobierno, hasta marzo de 2024 solo se habían adquirido 24.109 hectáreas, lo que representa apenas el 4 % de lo ofertado. A pesar de los avances en el proceso de redistribución, expertos advierten que será difícil cumplir con las metas a menos que se fortalezcan las instituciones encargadas de la reforma rural y se agilicen los procedimientos administrativos para la compra y formalización de tierras.
