La denuncia de Adriana Martínez Dogirama, quien afirma haber sido retratada en el billete de 10.000 pesos que circuló entre 1992 y 1994 sin su consentimiento, ha generado un amplio debate legal en Colombia. Martínez, miembro de la comunidad emberá y residente en Panamá, sostiene que nunca fue consultada ni compensada por el uso de su imagen en la moneda nacional, lo que ha llevado a que su caso sea analizado desde diferentes perspectivas legales.
La foto de Martínez fue tomada en 1986 cuando tenía 14 años por el antropólogo Mauricio Pardo, que tampoco fue consultado sobre el uso de la imagen. Tanto ella como Pardo coinciden en que la imagen del billete es idéntica a la fotografía publicada en un artículo del Boletín del Museo del Oro del Banco de la República. Ante esta situación, Martínez y su hija han iniciado una batalla legal para que se reconozca el uso no autorizado de su imagen y se establezcan indemnizaciones por derechos de imagen.
El Banco de la República, por su parte, ha negado que la ilustración del billete represente a una persona específica. Según el banco, el diseño del billete es una «obra original» que se inspiró en rasgos generales de las mujeres emberá, como la pintura facial y los adornos, sin ser una reproducción exacta de ninguna persona. Sin embargo, reconocidos abogados colombianos han explicado que, si Martínez logra demostrar que la imagen fue tomada de la fotografía original, podría abrirse la puerta a una indemnización por el uso no autorizado de su imagen.
El abogado Iván Cancino señaló que este caso puede tener un desenlace favorable para Martínez si se confirma que la imagen utilizada en el billete fue basada en la fotografía tomada cuando ella era menor de edad. De la misma manera, Francisco Bernate explicó que, al tratarse de una menor en el momento en que se capturó la foto, las leyes de protección de datos y derechos de los niños podrían jugar un papel clave en el litigio, lo que fortalecería las reclamaciones de Martínez.
Este caso, que aún está en proceso, podría sentar un importante precedente en Colombia sobre el uso de imágenes de personas sin su consentimiento, especialmente en situaciones que involucran a menores de edad y figuras culturales como la comunidad emberá.
