EPM ha denunciado una grave situación en la que alrededor de 40.000 viviendas en asentamientos informales del Valle de Aburrá están conectadas de manera ilegal a las redes de agua, generando pérdidas significativas para la empresa y contribuyendo al aumento de las tarifas para los usuarios legales. Según la empresa, estas conexiones irregulares representan el 35,8% del agua distribuida anualmente en la región.
Esta problemática se concentra en municipios como Medellín, Bello e Itagüí, donde bandas criminales gestionan las conexiones ilegales y cobran tarifas a los residentes de asentamientos como Nueva Jerusalén, Granizal y los corregimientos de San Cristóbal y Santa Elena. Además de afectar a los usuarios formales, estos actos también ponen en riesgo el abastecimiento de agua, especialmente en zonas con recursos limitados.
Por otro lado, EPM también denunció que algunas empresas están involucradas en el robo de agua para optimizar sus procesos comerciales, lo que agrava el problema. La empresa ha iniciado procesos legales contra 15 empresas del sector industrial por este tipo de infracciones, pero muchas veces los casos terminan en conciliaciones que no resuelven el impacto general.
La situación, además de generar pérdidas financieras para EPM, afecta la sostenibilidad de los recursos hídricos y aumenta los costos de reparación de las redes.
