El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una creciente controversia tras el anuncio de un recorte del 77 % al presupuesto de la Registraduría Nacional para 2025, justo en un año clave para la preparación de las elecciones de 2026. Según la ponencia radicada el lunes, el presupuesto de la entidad se reduciría de $3,2 billones a $732.220 millones, lo que generó preocupación sobre el impacto que esto tendría en la organización de los comicios.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió a aclarar la situación, admitiendo que hubo “una equivocación” en la asignación presupuestal. Cristo aseguró que los recursos estarán garantizados y que se está trabajando para corregir la ponencia en coordinación con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según el ministro, esta medida busca eliminar la dependencia del Ministerio de Hacienda para el financiamiento de las elecciones y garantizar la autonomía de la Registraduría.
Sin embargo, la senadora Angélica Lozano, quien fue la primera en denunciar el recorte, no quedó convencida con la explicación del gobierno. Lozano afirmó que “no fue un error, fue intencional”, citando una conversación con Jairo Bautista, director de Presupuesto Público Nacional, quien, según ella, admitió que la decisión era deliberada y polémica. La senadora advirtió sobre los riesgos para la democracia si no se corrige a tiempo, ya que los preparativos electorales deben iniciarse con suficiente antelación en 2025.
En respuesta a la presión política, 72 congresistas presentaron una proposición para restituir los $2,5 billones al presupuesto de la Registraduría, quitando estos recursos del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, la Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su preocupación y pidió que se garantice la independencia de la Registraduría, advirtiendo que su autonomía no debe estar condicionada a decisiones presupuestales del Ejecutivo.
