El recorte presupuestario anunciado por el Gobierno Nacional ha generado una fuerte polémica, especialmente en lo relacionado con la Registraduría Nacional del Estado Civil. La reducción del 77% en su presupuesto, que pasa de $3,2 billones a tan solo $732.220 millones, pone en peligro la organización y logística de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Esta decisión ha sido denunciada por la senadora Angélica Lozano, quien calificó la medida como «un golpe inaceptable a la democracia».
La preocupación radica en que la Registraduría es responsable de garantizar la transparencia y eficacia del proceso electoral, y este tipo de reducción presupuestal compromete severamente la contratación de tecnología, material electoral y logística necesaria para realizar los comicios. Según Lozano, los preparativos para las elecciones de 2026 deben iniciarse en marzo de 2025, y este recorte obstaculiza ese proceso, generando un riesgo para la transparencia y ejecución de las votaciones.
A la alerta de la senadora se sumó el registrador nacional, Hernán Penagos, quien expresó su preocupación por la pérdida de autonomía presupuestal de las autoridades electorales en América Latina. “La reducción de presupuesto pone en riesgo la imparcialidad de los organismos encargados de garantizar elecciones libres y transparentes”, declaró Penagos. El recorte también afectaría los recursos destinados al conteo rápido de votos, una de las fortalezas del sistema electoral colombiano, conocido por su capacidad de entregar resultados la misma noche de las elecciones.
El debate sobre el presupuesto aún no está cerrado. A pesar de la fuerte oposición, el Gobierno sigue firme en su propuesta de $523 billones para 2025. Sin embargo, los cuestionamientos sobre cómo esta decisión afectará la estabilidad democrática de Colombia están en aumento. De no llegar a un acuerdo en el Congreso, el presidente Petro podría aprobar el presupuesto vía decreto, lo que podría tensar aún más el panorama político y electoral del país.
