El Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Estado que no anule el Decreto 2422 de 2022, el cual faculta al Presidente de la República para nombrar como voceros de paz a personas de organizaciones sociales, incluidas aquellas privadas de la libertad, con el objetivo de reducir la conflictividad social. Esta norma ha sido cuestionada por permitir que miembros de la ‘Primera Línea’, involucrados en las protestas de 2019, sean designados como gestores de paz, una medida que ha generado amplio debate público.
El decreto creó una comisión intersectorial integrada por diversos ministerios y entidades del gobierno, encargada de recomendar al presidente quiénes podrían ser nombrados en estos cargos. Sin embargo, la norma ha sido objeto de una demanda que alega que podría vulnerar la independencia judicial al permitir que personas con órdenes de captura puedan ser designadas como voceros de paz.
En su defensa, el Ministerio de Justicia argumentó que el decreto se ajusta a las facultades del Presidente establecidas en la Ley 2272 de 2022 y que en ningún momento se otorga la potestad para levantar órdenes de captura. La cartera insistió en que la comisión solo realiza recomendaciones y no toma decisiones sobre la situación jurídica de los ciudadanos, respetando así la separación de poderes.
El Ministerio también subrayó que la designación de voceros de paz tiene como fin fomentar el diálogo y la reconciliación en el marco de la «paz total», un pilar fundamental del gobierno de Gustavo Petro. Por ello, pidió al Consejo de Estado que mantenga el decreto vigente, argumentando que su anulación limitaría los esfuerzos del gobierno para construir un camino hacia la paz y la reducción de la violencia social en Colombia.
