Una reciente controversia ha sacudido a los habitantes de Medellín tras la denuncia de José Vásquez, un joven creador de contenido, quien reveló en redes sociales un acto de discriminación en el barrio Provenza, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Vásquez y su hermana fueron detenidos por un vigilante de seguridad privada mientras caminaban hacia un restaurante, y se les prohibió el paso por la supuesta «inapropiada» vestimenta de la joven, desatando un debate sobre los límites de la seguridad privada en el espacio público.
El incidente, que ocurrió el pasado jueves por la noche, quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes, se escucha al vigilante exigir que la joven se cambie de ropa o «baje la falda» si desean continuar caminando por la calle. La negativa a dejarlos pasar, según el guardia, se basa en las órdenes dadas por los comerciantes y supuestamente respaldadas por la Alcaldía de Medellín. Esta acción ha generado una fuerte reacción tanto en redes sociales como en el ámbito político, donde varios representantes han cuestionado la legitimidad de tales medidas.
Según Vásquez, esta situación no solo implica un caso de discriminación por la apariencia, sino también una clara muestra de clasismo. En el video, otro vigilante les recordó que el sector es frecuentado por personas de alto poder adquisitivo y que «los platos son caros», lo que añade un nuevo matiz a la discusión sobre el acceso al espacio público en áreas elitizadas como Provenza.
El incidente ha provocado una ola de indignación, y varias voces, tanto ciudadanas como políticas, han pedido explicaciones a la Alcaldía. Aunque hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte de las autoridades municipales, los comerciantes de Provenza se han distanciado de las decisiones del personal de seguridad, asegurando que no tienen autorización para restringir el tránsito por razones de vestimenta. Sin embargo, queda la duda sobre quién regula realmente estas prácticas y si el modelo de seguridad del sector es compatible con el derecho ciudadano de transitar libremente.
