El Ministerio de Exteriores de España desmintió categóricamente cualquier implicación en una presunta «operación de desestabilización política» en Venezuela. Esta declaración surge tras las acusaciones del Gobierno venezolano, que sostiene que España planeaba suministrar mercenarios para una operación dirigida por Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro.
El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró su compromiso con una «solución democrática y pacífica» para la crisis en Venezuela. La controversia se intensificó después de que el chavismo anunciara la detención de dos ciudadanos españoles, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, acusados de participar en actividades terroristas, incluyendo un supuesto plan para asesinar a Maduro.
España negó que los detenidos, quienes estaban en Venezuela como turistas según sus familias, tuvieran alguna relación con organismos estatales españoles. La Embajada de España en Venezuela ha solicitado acceso a los detenidos para verificar sus identidades y brindarles asistencia consular.
El Partido Popular (PP) criticó al Gobierno español por no informarles sobre las detenciones, sugiriendo que el Ejecutivo tiene una relación más cercana con el régimen de Maduro que con la oposición española.
En un contexto de creciente tensión diplomática, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó a Venezuela como un «régimen dictatorial y autoritario», y expresó que la situación requiere «una cierta contención verbal». Las críticas del PP y la presión para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela se han intensificado, mientras el debate llega al Europarlamento la próxima semana.
