Ciudad de México fue escenario de intensas manifestaciones el domingo 8 de septiembre, en rechazo a una controvertida reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La iniciativa, que plantea la elección popular de jueces y ministros de la Suprema Corte, ha desatado una ola de protestas debido a temores de que comprometa la independencia del poder judicial en el país.
La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados en una sesión turbulenta de casi 18 horas, está a un paso de ser debatida en el Senado, donde el oficialismo está a un escaño de lograr los dos tercios necesarios para su aprobación. La propuesta busca establecer un sistema electoral para la selección de magistrados y jueces, lo que ha generado alarmas sobre una posible politización del poder judicial y una erosión de los principios de separación de poderes.
Las protestas, que contaron con la participación de miles de empleados de tribunales y estudiantes de derecho, se dirigieron al Senado en el Paseo de la Reforma. Los manifestantes corearon consignas como “El poder judicial no va a caer”, y expresaron su rechazo a lo que consideran un intento del presidente por consolidar su poder. La movilización ocurre a pocas horas de que el Senado inicie el análisis de la reforma, prevista para una votación inicial el miércoles.
El rechazo a la reforma no se limita a las calles. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y otros funcionarios judiciales han cuestionado la constitucionalidad del proyecto y están evaluando posibles acciones legales para detenerlo. La Corte enfrenta presiones para intervenir, mientras López Obrador ha advertido que una decisión en contra de la reforma sería una “aberración”.
A nivel internacional, la reforma ha levantado preocupaciones entre socios comerciales de México, como Canadá y Estados Unidos, quienes han expresado su inquietud sobre el impacto de la medida en la estabilidad judicial del país. López Obrador, con una popularidad superior al 70%, ha respondido que ha puesto “en pausa” las relaciones con estos países en señal de descontento con sus críticas.
La reforma, al ser una modificación constitucional, requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores en el Senado, y según los últimos cálculos, el oficialismo está muy cerca de alcanzar esa cifra. Este contexto ha intensificado el debate sobre la futura dirección del sistema judicial mexicano y su independencia en los próximos años.
