Medellín enfrenta una crisis en el transporte público que ha llevado a la paralización del 15% de su flota de buses, afectando gravemente a los usuarios. La Corporación de Transportadores Urbanos (CTU) y la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá (Asotransvaa) informaron que el aumento en los costos operativos, especialmente el incremento del Acpm, ha sido determinante en la crisis.
Jimmy Alexis Gómez, presidente de la CTU, señaló que los costos están superando los ingresos, haciendo insostenible la operación de muchos buses. La situación se agrava con el aumento del Acpm, que representa el 35% de los costos operativos, y que ha forzado a los transportadores a considerar ajustes tarifarios o incluso la suspensión de algunas rutas.
Juan Gonzalo Merino, presidente de Asotransvaa, destacó que el incremento en el Acpm ha reducido significativamente la rentabilidad, lo que ha llevado a que aproximadamente 800 buses dejen de operar mientras se buscan soluciones. El costo mensual adicional para los transportadores asciende a $3.300 millones, reduciendo las ganancias diarias a menos de $100.000 después de cubrir todos los gastos.
La disminución del 30% en la demanda de usuarios desde la pandemia ha exacerbado la crisis. Los transportadores han solicitado un aumento en el pasaje a $4.200, con posibles incrementos adicionales si los costos siguen subiendo. Sin embargo, también han pedido la creación de un fondo de estabilización tarifaria para evitar que el aumento recaiga completamente sobre los usuarios.
Mateo González Benítez, titular de la Secretaría de Movilidad de Medellín, propuso un cambio en el modelo de administración del transporte público, sugiriendo que las empresas asuman la administración completa de los vehículos. Aunque esta propuesta es vista con buenos ojos por los líderes gremiales, advierten que debe ser implementada con cuidado para no agravar la crisis financiera.
La modernización del transporte público sigue siendo una prioridad para la Alcaldía, que está evaluando la posibilidad de adquirir buses eléctricos para reducir los costos de combustibles y mejorar el servicio. La transición hacia estos vehículos es vista como un paso necesario, pero se enfrentan a desafíos financieros y logísticos significativos.
Con 5.500 buses autorizados para operar en el Valle de Aburrá, el sector enfrenta un periodo de incertidumbre mientras busca soluciones a largo plazo para estabilizar y modernizar el transporte público en Medellín.
