Colombia se enfrenta a una crisis de transporte sin precedentes, con un paro de camioneros que ya completa tres días y ha afectado significativamente la movilidad y la economía del país. Este 4 de septiembre, las negociaciones entre el Gobierno y los transportadores se reanudan en medio de una serie de demandas que podrían definir el futuro del paro. Los camioneros han presentado un pliego de 13 peticiones que abarcan desde ajustes inmediatos hasta reformas estructurales a largo plazo, y la respuesta del gobierno será crucial para resolver el conflicto.
El primer punto de tensión es el alza del precio del diésel, que se incrementó en 1.904 pesos desde el 31 de agosto. Los camioneros exigen la derogación inmediata del decreto que implementó este aumento, alegando que afecta gravemente sus costos operativos. La ministra de Transporte, María Constanza García, ha llamado a los transportadores a no solo pedir derogaciones, sino también a ceder en algunas de sus demandas, abriendo un camino para posibles acuerdos.
Entre las demandas de los transportadores se destaca la solicitud de una reunión directa con el presidente Gustavo Petro. Argumentan que las actuales representaciones gremiales no reflejan sus intereses, y buscan un acuerdo nacional que incluya medidas presidenciales. Además, piden un régimen laboral específico para los transportadores, y la actualización en tiempo real del Sistema de Información de Costos Eficientes (Sisetac), para mejorar la transparencia en los costos operativos.

El pliego de peticiones también incluye acciones contra la ilegalidad en el transporte, un tema que ha sido un problema persistente durante años. Los camioneros solicitan que se refuercen las medidas para promover la formalidad en el sector, ya que la competencia desleal afecta la competitividad de los transportadores legales. La seguridad en las vías, la regulación de los peajes, y la regulación de las fotomultas también están en la lista de demandas, junto con la promoción del equilibrio entre oferta y demanda en el mercado de transporte.
Además, los camioneros exigen una mayor participación en el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera y en la regulación del sistema especial de pasajeros, así como garantías de que los acuerdos alcanzados sean cumplidos. La magnitud y diversidad de estas peticiones reflejan la complejidad del conflicto y la necesidad de un acuerdo que pueda abordar tanto las necesidades inmediatas como las reformas estructurales requeridas para estabilizar el sector.
La respuesta del Gobierno Petro será clave en los próximos días. Con las mesas de trabajo retomándose, la capacidad de ambas partes para llegar a un consenso determinará si el paro se levanta o continúa, con sus impactos económicos y sociales. La resolución de estas demandas no solo afectará a los camioneros, sino que también tendrá un efecto significativo en el transporte y la economía del país en su conjunto.