Una investigación reciente del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha revelado que la campaña del presidente Gustavo Petro habría sobrepasado los límites legales de gastos y financiación en ambas vueltas de las elecciones presidenciales. La indagación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, estima que las irregularidades alcanzan un total de más de 5.300 millones de pesos, con aportes de fuentes prohibidas por la ley.
Durante la primera vuelta, la campaña habría excedido los topes en más de 3.700 millones de pesos, mientras que en la segunda vuelta la cifra se estima en 1.600 millones de pesos. Entre las presuntas violaciones destacan la omisión de reportes de aportes significativos, incluidos 500 millones de pesos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y 500 millones del Polo Democrático Alternativo.
Además, se encontraron irregularidades en la declaración de gastos relacionados con publicidad, pagos a testigos electorales y el uso de aeronaves privadas. La campaña también habría recibido aportes del sindicato de Ecopetrol (USO), lo que contraviene las normas que prohíben a personas jurídicas realizar contribuciones.
El CNE está considerando abrir cargos administrativos contra el presidente Petro, el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros implicados. Aunque el presidente solo puede ser investigado penal y disciplinariamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, la investigación del CNE podría resultar en multas o la devolución de dineros públicos si se confirma la violación de los topes de campaña.
