La Procuraduría General de la Nación ha lanzado una advertencia contundente sobre el estado del sistema de agendamiento de citas para pasaportes en Colombia, calificándolo como obsoleto y vulnerable. Esta revelación, surgida tras una inspección en las oficinas de la Cancillería, apunta a la incapacidad del sistema para satisfacer la creciente demanda de los ciudadanos, mientras persisten denuncias de corrupción en el proceso.
En medio de las crecientes quejas de ciudadanos que encuentran imposible agendar una cita a través de la página web, la Procuraduría ha puesto en marcha una investigación para esclarecer si existen conexiones entre funcionarios públicos y tramitadores que cobran por agilizar el proceso de citas. Según las primeras investigaciones, el sistema actual no solo está desactualizado, sino que permite a ciertas personas acumular múltiples citas, facilitando así la intervención de intermediarios.
Claudia Hernández, procuradora segunda delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, afirmó que el sistema de la Cancillería «se ha quedado atrás en la tecnología y no responde a las necesidades de los ciudadanos». Esta obsolescencia tecnológica está en el centro de la crisis que ha llevado a miles de colombianos a recurrir a tramitadores para obtener un turno.
La Procuraduría ha instado a la Cancillería a implementar una actualización integral del sistema, con niveles de seguridad más robustos que impidan la acumulación indebida de citas. Además, ha exigido la creación de un plan de acción que incluya la capacitación de los funcionarios para mejorar la atención al público y asegurar que el proceso de expedición de pasaportes sea eficiente y transparente.
Para garantizar el cumplimiento de estas recomendaciones, la Procuraduría ha establecido una mesa de trabajo que se reunirá cada 10 días, con el fin de monitorear los avances y asegurar que los cambios se implementen dentro de los plazos establecidos. «Le vamos a hacer un seguimiento riguroso a este tema», concluyó Hernández, enfatizando la importancia de resolver una situación que afecta a miles de ciudadanos y que podría estar vinculada a prácticas corruptas.
