El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha ordenado el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), la mayoría de carácter religioso, en lo que se considera el mayor acto de represión contra la sociedad civil desde las protestas antigubernamentales de 2018. La medida, publicada en la resolución oficial del Ministerio del Interior en el diario La Gaceta, señala que estas ONG no reportaron sus estados financieros por períodos que varían entre uno y 35 años, lo que justifica la anulación de sus registros. Los bienes de estas organizaciones serán incautados por el Estado.
Este cierre masivo eleva a más de 5.100 el número de organizaciones clausuradas por el gobierno de Ortega desde 2018. Además de las entidades religiosas, la medida afecta a sociedades benéficas, clubes rotarios, asociaciones deportivas, de pequeños comerciantes, rurales, de jubilados, y la Cruz Roja Nicaragüense. También han sido disueltas organizaciones indígenas y de excombatientes de la guerra entre sandinistas y contras en los años 80.
El pasado viernes, el gobierno nicaragüense también aprobó una normativa que obliga a las ONG a operar únicamente en «alianzas de asociación» con entidades estatales, lo que ha sido criticado como un intento de arrebatar la autonomía de estas organizaciones y controlar sus recursos. Esta medida fue anunciada poco después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley similar, intensificando la represión contra los críticos del presidente Nicolás Maduro.
El gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por sus medidas autoritarias, ha cerrado además varias radios y universidades católicas, y ha detenido y expulsado a decenas de sacerdotes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno nicaragüense a cesar la represión y la persecución religiosa en el país, denunciando la detención arbitraria de al menos 141 personas en condiciones insalubres y con acceso limitado a agua, alimentación y atención médica.
