El presidente Gustavo Petro hizo pública una parte de la propuesta confidencial que el Gobierno había entregado al ELN, en un intento por reactivar los diálogos de paz que permanecen congelados desde abril. La propuesta, centrada en un «Modelo económico», buscaba abordar profundas reformas tanto en el sector público como en el privado, con la esperanza de que estas transformaciones incentivaran a la guerrilla a retomar las conversaciones.
El documento proponía «impulsar nuevos modelos sostenibles y propios de producción en los que el Estado cumpla su responsabilidad social, que superen la desigualdad social y el modelo especulativo y monopólico». Este enfoque pretendía promover una transición hacia un modelo económico que no depredara el ambiente ni afectara negativamente a las comunidades, alineado con los intereses nacionales.
Además, se planteaban cambios en áreas clave como la relación entre lo público y privado, justicia tributaria, producción nacional, políticas de empleo, transiciones energéticas, y la superación de la pobreza y el hambre. También se incluían propuestas sobre economía campesina, economía del cuidado y reforma rural, con el objetivo de incentivar la desaparición del ELN como grupo armado.
Sin embargo, el ELN rechazó esta propuesta, argumentando que no se necesitaban «propuestas confidenciales» sino el cumplimiento de lo ya acordado. Este rechazo agrava la situación, ya que el conflicto entre la guerrilla y las Fuerzas Militares se ha reactivado, afectando gravemente a comunidades en departamentos como Arauca y Chocó.
La incertidumbre sobre el futuro de los diálogos aumenta, y no está claro si el modelo económico propuesto seguirá siendo parte de las negociaciones. Mientras tanto, la población civil continúa sufriendo las consecuencias del conflicto, en medio de una crisis humanitaria que mantiene a miles de personas confinadas en Chocó.
