La propuesta del presidente Gustavo Petro sobre las inversiones forzosas ha generado un intenso debate en diversos sectores, alimentando temores sobre una posible «expropiación» del ahorro de los colombianos. Sin embargo, expertos del sector financiero y académico hacen un llamado a la calma, subrayando que no es necesario retirar el dinero de los bancos.
La medida, que busca que el sistema financiero destine parte de los recursos depositados en los bancos para otorgar créditos en sectores específicos seleccionados por el Gobierno, ha sido interpretada por algunos como una amenaza directa a los ahorros de los ciudadanos. Esta interpretación ha sido rechazada por expertos como Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, quien explica que las inversiones forzosas no son un concepto nuevo en Colombia y que históricamente el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones respecto a estos créditos.
A pesar de las críticas que han surgido, incluso desde la oposición, donde se ha calificado la propuesta como el inicio de un proceso de expropiación, Pérez argumenta que no se trata de una expropiación en el sentido tradicional, dado que los recursos no serían retirados de manera definitiva sin compensación. Más bien, el riesgo radica en la forma en que el Gobierno pueda manejar estos recursos, lo que podría influir en la estabilidad del sistema financiero.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, también instó a la tranquilidad, señalando que la medida aún debe pasar por el Congreso y la revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor. Mientras tanto, otros líderes del sector financiero, como Jonathan Malagón de Asobancaria, advierten que la implementación de estas inversiones forzosas podría resultar en tasas de interés más altas para aquellos no beneficiados por los créditos subsidiados.
En conclusión, aunque la propuesta ha generado preocupación, los expertos coinciden en que no es necesario que los ciudadanos retiren sus ahorros de los bancos. En cambio, instan al Gobierno a ofrecer mayor claridad y certidumbre para evitar una innecesaria crisis de confianza en el sistema financiero.