La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha iniciado un procedimiento administrativo sancionatorio contra Fiduprevisora S.A., la entidad responsable de administrar los recursos del régimen de salud del Magisterio en Colombia. Esta decisión se tomó tras identificar presuntas omisiones y barreras en el acceso al derecho a la salud para poblaciones vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, la Supersalud recibió 3712 reclamaciones de salud por parte de maestros y beneficiarios del régimen de excepción del Magisterio. De estas, 2923 no fueron atendidas para el 19 de mayo, representando solo un 21.26% de respuestas. Casos críticos, como los de menores y adultos mayores con enfermedades graves como cáncer y VIH/SIDA, fueron clasificados como prioritarios, pero no recibieron la atención adecuada y oportuna, obligando a algunos pacientes a recurrir a tutelas para exigir sus derechos.
La Supersalud también señaló que Fiduprevisora S.A. no respondió a tiempo a los requerimientos de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario, incumpliendo las instrucciones impartidas y fallando en ofrecer soluciones efectivas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD). Esto evidenció serias barreras en el acceso al derecho fundamental a la salud.
El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, reafirmó el compromiso de la entidad de garantizar el respeto al derecho a la salud en todo el territorio nacional, independientemente del régimen de afiliación. «Continuaremos trabajando para asegurar que este derecho sea una realidad en todo el país», afirmó Leal Angarita.
Fiduprevisora S.A. enfrenta posibles sanciones que van desde una amonestación escrita hasta multas que podrían oscilar entre 200 y 8000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para personas jurídicas. También podrían imponerse medidas más severas, como la revocatoria parcial o total de la autorización de funcionamiento, la suspensión de servicios o la remoción de representantes legales en casos de dolo o negligencia grave.
La entidad sancionada tiene un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa, presentar pruebas y ofrecer explicaciones que puedan aclarar los hechos investigados. La resolución final dependerá de la evaluación de estas pruebas y la respuesta de Fiduprevisora S.A.
