El millonario desembolso, vinculado a Sneyder Pinilla, fue detenido por sospechas de corrupción y falta de viabilidad técnica en los proyectos.
En un contundente fallo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional del giro de $180 mil millones de pesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinado a atender la calamidad pública en Girón, Santander. Este cuestionado desembolso había sido aprobado por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, quien se encuentra bajo la lupa por presuntos actos de corrupción.
El proceso de adjudicación del giro se llevó a cabo en medio de señalamientos de corrupción que ya pesaban sobre Pinilla, relacionados con el escándalo de los 40 carrotanques destinados a La Guajira. La falta de claridad sobre las condiciones de regularidad del procedimiento y la viabilidad técnica de los proyectos motivaron la intervención del Tribunal. En su fallo, se destaca que la suma en cuestión representa una cantidad significativa de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo y la atención de desastres, sin que se haya garantizado la transparencia en su expedición.
Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD, fue quien demandó la resolución que autorizaba el giro, argumentando que el proceso estaba plagado de irregularidades. “Poco antes de irse, los criminales Olmedo López y Sneyder Pinilla, junto a sus cómplices, entregaron millonarios Fondos de Inversión Colectiva (FIC) de manera irregular. Nosotros, desde que llegamos, hemos venido tratando de deshacer esos convenios con varios municipios”, afirmó Carrillo, subrayando los esfuerzos de la nueva administración por rectificar los acuerdos viciados.
La resolución del Tribunal no solo detiene el millonario desembolso sino que también pone de manifiesto las debilidades en los mecanismos de control y supervisión dentro de la UNGRD. La decisión se produjo tras una demanda de la actual administración, que buscaba anular el acto administrativo y revisar la viabilidad de los proyectos propuestos bajo la declaración de calamidad pública en Girón.
Este caso resalta la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la atención de emergencias y desastres. La comunidad de Girón, que esperaba los fondos para enfrentar las consecuencias de la temporada de lluvias, ahora enfrenta una mayor incertidumbre sobre la ejecución de los proyectos previstos para mitigar los daños.
La medida del Tribunal es un llamado de atención a las autoridades sobre la importancia de asegurar que todos los procedimientos administrativos se realicen con el más alto grado de transparencia y eficiencia, evitando que los recursos destinados a la gestión del riesgo se vean comprometidos por actos de corrupción.
