La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) reveló los resultados de una encuesta realizada a sus afiliados, destacando que las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro y la creciente inseguridad son las principales preocupaciones de los comerciantes colombianos. La incertidumbre generada por la reforma laboral y otros cambios estructurales propuestos ha generado un notable malestar en el sector.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que las reformas promovidas por el gobierno se han convertido en un «dolor de cabeza» para los comerciantes, ocupando un inédito segundo lugar en el listado de preocupaciones, con un 19% de las respuestas. La baja demanda de productos y servicios sigue siendo la principal inquietud, afectando gravemente la confianza de empresarios y consumidores.
El Índice de Confianza Comercial (ICCO) de Fedesarrollo reflejó un deterioro significativo en mayo, comparado con el mismo mes del año anterior y con abril de este año. Cabal subrayó que la desconfianza y la incertidumbre continúan en ascenso, exacerbadas por la percepción de inacción del gobierno frente a las necesidades del sector.
Además de la baja demanda, los comerciantes enfrentan problemas relacionados con la cartera, el contrabando, el costo de adquisición de mercancía, costos del crédito, escasez de personal calificado y exceso de regulación. «Casi ningún comerciante ha podido cumplir sus presupuestos de venta en lo corrido de este año. Las ventas han retrocedido», afirmó Cabal, haciendo un llamado al gobierno para implementar un plan de reactivación económica que pueda salvar el año.
El índice ICCO de abril se situó en 15,3%, un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto a marzo, pero con una disminución en la percepción de la situación económica actual. La mejora en la confianza se debe a una reducción en el nivel de existencias y un aumento en las expectativas económicas para el próximo semestre.
En este contexto, Cabal también exigió al presidente Petro que lidere acciones contundentes contra la delincuencia organizada y grupos insurgentes que afectan tanto a las zonas urbanas como rurales de Colombia. Los comerciantes urgen medidas efectivas para garantizar la seguridad y estabilidad necesarias para la recuperación económica del país.
