El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, ha lanzado una grave denuncia contra Héctor Alfonso Carvajal, abogado defensor del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según Briceño, Carvajal tiene varios contratos con entidades del Estado que suman un total de $735.683.000, lo que ha levantado serias sospechas sobre un posible conflicto de intereses.
Briceño hizo pública la denuncia en su cuenta de la red social X, afirmando: “Quien pidió la nulidad del proceso que investiga la campaña presidencial ha recibido contratos por $735.683.000 de parte del gobierno Petro en distintas entidades. Mucha coincidencia”. En su publicación, Briceño adjuntó copias de los contratos, entre los cuales se encuentran uno con el Fondo Nacional del Ahorro por 192 millones de pesos, otro con la misma entidad por 203 millones, un contrato con Colpensiones por 175 millones de pesos y uno con Colombia Compra Eficiente por más de 164 millones de pesos.
Héctor Alfonso Carvajal es un reconocido jurista colombiano y ha sido considerado cercano al gobierno. Incluso fue incluido en la terna de candidatos a Fiscal General de la Nación que el presidente Petro debía presentar ante la Corte Suprema de Justicia, aunque su edad, 68 años, lo dejó sin posibilidades de ser seleccionado.
El concejal Briceño ha cuestionado la ética de estos contratos y ha pedido la renuncia de Carvajal: “Lo mínimo que debería hacer el Dr. Carvajal es renunciar a sus contratos con el gobierno mientras defiende al Presidente Petro”. Esta denuncia ha generado un intenso debate sobre la independencia de la defensa del presidente y la posible incompatibilidad de los contratos de Carvajal con el gobierno.
La senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, se sumó a la discusión y cuestionó si la defensa del presidente está siendo costeada por el Estado, preguntando: “¿Ni siquiera paga su propio abogado?”. Estas afirmaciones han puesto en el centro del debate la relación entre los contratos de Carvajal y su rol como defensor del presidente.
La denuncia de Briceño ha suscitado una fuerte discusión política sobre la ética profesional y la transparencia del gobierno Petro, generando preocupación sobre la posible influencia en los contratos estatales y la integridad del proceso judicial que enfrenta el presidente.
