La reciente reforma pensional del Gobierno Petro, aprobada en el artículo 84, establece que las pensiones en Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta hasta por 1.000 unidades de valor tributario (UVT). Esto significa que aquellos pensionados que reciban mesadas superiores a $3,6 millones mensuales (equivalentes a $47,065 millones anuales) deberán declarar renta ante la Dian.
Iván Camilo Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, explicó que este cambio implica que las pensiones que superen los 1.000 UVT anuales comenzarán a estar gravadas por el impuesto sobre la renta. “Las pensiones que no pagarán impuestos son las que sumen hasta $47 millones anuales. A partir de ese monto, las pensiones empezarán a pagar impuestos, disminuyendo el ingreso real de los pensionados”, señaló Jiménez.
El objetivo del impuesto es generar ingresos adicionales para el Estado, aunque tiene implicaciones directas en el poder adquisitivo de los pensionados. Jiménez subraya que las pensiones no son utilidades sino compensaciones por los años trabajados o por situaciones de invalidez. “Gravar las pensiones afecta el ingreso real de las personas, que ya no tienen más fuentes de ingresos debido a que no están en actividad laboral”, añadió.
Además, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACHC) ha indicado que el problema de la cartera en el sistema de seguridad social colombiano se ha vuelto crónico. En su más reciente informe, la ACHC reporta una deuda acumulada de $16,8 billones de pesos con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Esta deuda ha crecido en un 4% desde junio de 2023, con una morosidad del 54%.
Juan Carlos Giraldo Valencia, presidente de la ACHC, mencionó que la deuda de las EPS activas en el régimen contributivo asciende a $6,8 billones, mientras que las EPS en liquidación deben $1,6 billones. Las principales deudoras son Nueva EPS, Sanitas y Famisanar. En el régimen subsidiado, Savia Salud, Emssanar y Asmet Salud encabezan la lista de deudores.
Para abordar este problema, la ACHC propone un ‘Plan extraordinario de liquidez’ que incluye la ampliación del Giro Directo, la liberación de reservas técnicas y la creación de un fondo de garantías para el sector salud. También sugieren que se utilice el 0.5% del IVA destinado a la salud para financiar estas iniciativas.
Jiménez expresó su escepticismo sobre la capacidad del Estado colombiano para gestionar eficientemente los ingresos tributarios debido a un historial significativo de corrupción. “Si el Estado hace buen uso de los impuestos, los ganadores somos todos. Pero, con el historial de corrupción en Colombia, la disminución del poder adquisitivo de los pensionados para que el Estado mantenga sus altos niveles de corrupción es preocupante”, concluyó.
En definitiva, a partir de ahora, las pensiones que superen los $3,6 millones mensuales estarán sujetas a impuestos, lo que afectará a un nuevo grupo de pensionados y aumentará los ingresos del Estado. Sin embargo, la legitimidad y eficiencia en la gestión de estos recursos siguen siendo temas de preocupación.
