El Gobierno Petro ha confirmado el bloqueo de recursos a entidades que dependen del Presupuesto General de la Nación debido a un bajo recaudo tributario. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Ricardo Bonilla, indicó que se ha decidido efectuar un bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades financiadas con estos recursos.
Esta decisión implica que las entidades afectadas no podrán expedir nuevos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) necesarios para su funcionamiento normal. Sin embargo, el Ministerio aseguró que los procesos contractuales en curso no se verán afectados, ya que no se han bloqueado los CDP ya expedidos.
El bloqueo incluye un congelamiento preventivo de las apropiaciones sin CDP expedidos, la protocolización de esta medida ante el Confis y el Consejo de Ministros, y el congelamiento de partidas incorporadas en el decreto de aplazamiento. Entre las entidades afectadas se encuentran la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la República, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Defensoría del Pueblo. Para la Fiscalía General de la Nación, el bloqueo afecta únicamente los recursos de funcionamiento.

El Ministerio de Hacienda explicó que la medida es temporal y se espera que las condiciones de recaudo mejoren en el segundo semestre de 2024, permitiendo liberar paulatinamente las apropiaciones. A pesar del bloqueo, se afirmó que esta decisión no compromete el normal funcionamiento del Estado ni el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales y contractuales. El Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) sigue funcionando con normalidad.
El desplome en el recaudo tributario de abril, con una caída del 40.89% en comparación con el mismo mes del año anterior, ha sido señalado como una de las peores caídas del siglo en el país. El déficit en los ingresos tributarios del primer cuatrimestre de 2024 es de 21.4 billones de pesos, muy por debajo de la meta de 106.9 billones. Un estudio del Banco de Bogotá sugiere que el déficit de recaudo podría empeorar, alcanzando hasta 62 billones de pesos.