En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la violencia y el vandalismo en Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó las condenas superiores a los 19 años de cárcel para varios integrantes de la primera línea que participaron en el “estallido social” de 2021. Esta decisión reafirma la sentencia inicial de un juez de justicia y paz, confirmando la gravedad de los delitos cometidos durante los disturbios.
Los condenados, identificados como Wilson Reinel Moreno, Justo Ernesto Villarraga Trujillo, Érika Lorena Flórez Durán y Greissy Alexandra Perilla Vargas, fueron encontrados culpables de delitos como concierto para delinquir, terrorismo, agresión a funcionario público, perturbación de transporte público y daño en bien ajeno. Estos individuos, que durante las protestas sitiaron barrios y cometieron crímenes, han sido vinculados por algunos sectores del gobierno a las disidencias de las Farc, lo que añade una capa de complejidad a su caso.
El Fiscal General, Francisco Barbosa, destacó la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que fueron suficientes para convencer tanto a un juez como a un magistrado de la culpabilidad de los acusados. Esta confirmación de las condenas subraya la importancia de la institucionalidad y el rigor judicial en Colombia, frente a las tentativas de politización del proceso judicial. El fallo también envía un mensaje claro sobre la imposibilidad de liberar a detenidos bajo argumentos políticos sin respetar el debido proceso y las decisiones judiciales.
El presidente Gustavo Petro, quien en su discurso como presidente electo prometió trabajar por la liberación de los integrantes de la primera línea, recibió una firme respuesta de la Fiscalía. Barbosa recordó que estos procesos estaban basados en investigaciones formales y verificables, debatidas ante los jueces, quienes son los encargados de dictar las medidas de aseguramiento y las condenas. Esta ratificación de las sentencias es un recordatorio de la separación de poderes y la necesidad de respetar la autonomía del sistema judicial colombiano.
La ratificación de estas condenas no solo es un golpe contra quienes utilizaron la protesta para cometer actos de violencia, sino también un refuerzo de la confianza en el sistema judicial del país. Mientras la Fiscalía continúa su labor para asegurar que todos los responsables de estos actos rindan cuentas, el mensaje es claro: la justicia en Colombia sigue siendo una prioridad, y aquellos que trasgredan la ley serán debidamente sancionados.
