En medio de mensajes confusos y anuncios a cuentagotas, el presidente Gustavo Petro finalmente se pronunció de manera directa sobre su intención de convocar una Asamblea Constituyente, pidiendo al Congreso que tome la iniciativa para su convocatoria. En un mensaje en la red social X, el mandatario afirmó que «el papel histórico del Congreso» es tramitar esta convocatoria y advirtió que si el Parlamento no lo hace, “el poder constituyente tarde que temprano lo hará”.
Petro ha defendido esta iniciativa apoyándose en el Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016, argumentando que muchas de las reformas pactadas no se han materializado. «Cuando se utilizó el mecanismo del ‘fast track’ en el Congreso no se presentaron las reformas claves pactadas: 1. La reforma agraria. 2. La transformación del territorio y 3. La verdad judicial”, señaló el presidente.
Contexto y respaldo
Esta propuesta ha sido respaldada por el excanciller Álvaro Leyva, quien sugirió que el Acuerdo de Paz permite la convocatoria de una Constituyente. Según Leyva, a pesar de estar suspendido por la Procuraduría, podría convertirse en asesor de paz del presidente Petro.
Análisis de viabilidad
El abogado Carlos Prieto, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Javeriana, advierte que «ninguna de las ramas del poder público tiene un rol histórico», desestimando la afirmación de Petro sobre el Congreso. Prieto subraya que en una democracia regida por un Estado de Derecho, los pesos y contrapesos institucionales son esenciales para evitar el autoritarismo.
Prieto también sugiere que la propuesta de Petro podría ser una cortina de humo para desviar la atención de los escándalos de corrupción y problemas de orden público que enfrenta su gobierno. «Mientras los escándalos de corrupción, nepotismo y negligencia del Gobierno sigan quedando en evidencia, más globos de estos vamos a ver, cada vez más alarmantes», comentó el experto.
Reacciones de expresidentes
La propuesta de Petro ha sido rechazada unánimemente por varios expresidentes de Colombia. Juan Manuel Santos, quien lideró el proceso de paz con las Farc, calificó la idea de utilizar el Acuerdo de Paz para convocar una Constituyente como «un absurdo» y recordó que fue una línea roja durante las negociaciones.
Álvaro Uribe criticó duramente a Santos y a Petro, afirmando que «Santos dejó más violencia y tiene la osadía de decir que el ‘conflicto’ terminó. Acepta implícitamente que si el ‘conflicto’ no hubiera terminado se podría convocar la constituyente». Iván Duque también expresó su oposición, advirtiendo que cualquier intento de eludir los requisitos constitucionales sería inaceptable y sería rechazado por los colombianos.
Viabilidad legal
Para que la propuesta de una Asamblea Constituyente sea viable, debe seguir los procedimientos establecidos por la Constitución de 1991. Según Carlos Prieto, tramitar una Asamblea Constituyente «debe ser conforme con lo previsto por la Constitución de 1991, en su Título XIII – arts. 374 a 379. Cualquier modo distinto, será inconstitucional, e implicaría un golpe de Estado».
Los artículos mencionados indican que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben aprobar una ley para consultar a la ciudadanía sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La convocatoria solo será aprobada si al menos una tercera parte del censo electoral vota afirmativamente. Según el censo actual, se necesitarían al menos 12.988.505 votos por el Sí. Una vez aprobada la convocatoria, se llamará a la elección de los integrantes de la Asamblea dentro de los dos a seis meses siguientes.
Conclusión
La propuesta de convocar una Asamblea Constituyente por parte del presidente Gustavo Petro ha generado un fuerte debate político y legal en Colombia. Mientras el mandatario defiende su iniciativa como una forma de cumplir con las reformas pactadas en el Acuerdo de Paz, críticos y expertos advierten sobre los riesgos de desestabilización institucional y posibles motivaciones para desviar la atención de los problemas actuales del Gobierno. La comunidad política y la ciudadanía están a la expectativa de las próximas decisiones del Congreso y del Ejecutivo sobre este controvertido tema.
