El Consejo de Estado ha decidido remitir a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la demanda que solicita la «pérdida del cargo» del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez por presunta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial de 2022. Esta decisión se basa en la falta de competencia del Consejo de Estado para decretar la pérdida del cargo del Presidente y la Vicepresidenta, conforme a la Constitución y la Ley.
La Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó que, según los artículos 109 de la Constitución Política y 21 de la Ley 996 de 2005, el Congreso es el único ente competente para decretar la pérdida del cargo del Presidente de la República. Aunque no existe una norma específica que contemple la pérdida del cargo de la Vicepresidenta, se determinó que, al formar parte de la misma campaña, el Congreso también debe evaluar su situación.
La demanda se centra en una posible violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022. Según el fallo, dicha violación afectaría tanto al Presidente como a la Vicepresidenta, ya que se trata de una única campaña electoral con financiación unificada. «Le corresponde al Congreso, de ser el caso, adelantar el proceso de la pérdida del cargo de los integrantes de la fórmula a la presidencia,» señala la decisión de la Sección Quinta.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la competencia para investigar y sancionar administrativamente las campañas electorales, pero no puede decretar la pérdida del cargo. Esta aclaración subraya que cualquier sanción de pérdida del cargo debe ser evaluada y decidida por el Congreso.
El pasado 8 de mayo, los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron una ponencia de formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022. El documento de 100 páginas, revelado por SEMANA, incluye declaraciones, registros contables y certificados que evidencian las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.
La acción judicial también menciona a la empresa Daily Cop, que supuestamente acordó aportes por un millón de dólares a la campaña de Petro. Esta empresa, dedicada a las criptomonedas, habría financiado no solo la campaña presidencial, sino también a varios congresistas del Pacto Histórico. Las conexiones de Daily Cop con el narcotráfico y su impacto en la financiación de la campaña son puntos críticos de la investigación.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes deberá ahora analizar y decidir sobre la demanda, en un proceso que promete ser complejo y políticamente significativo, dado el contexto de las acusaciones y las posibles implicaciones para el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
