El asesinato del coronel (r) Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá, ha desatado una ola de preocupación sobre la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). A pesar de haber recibido amenazas de muerte, Fernández no contaba con medidas de protección, según informó la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El coronel Fernández fue asesinado el 16 de mayo mientras se desplazaba en su vehículo por la carrera 30 en Bogotá. Sujetos armados le dispararon en múltiples ocasiones, provocando su muerte. La UNP confirmó que el director no había solicitado protección a la entidad. «La protección del coronel estaba bajo la tutela del Inpec. El director de La Modelo asesinado no tenía solicitud ni trámite de medidas en la UNP, pero él le había hecho saber a la Fiscalía sobre amenazas en su contra y su familia», señaló la UNP en su cuenta de X.
Augusto Rodríguez, director de la UNP, explicó que Fernández no consideraba que las amenazas fueran lo suficientemente serias como para solicitar protección adicional. «Lamentablemente, el coronel Élmer Fernández no había solicitado protección a la Unión Nacional de Protección. Acabo de hablar con el coronel Gutiérrez, el director del Inpec, quien me comentó que sí había habido amenazas contra el coronel Fernández», dijo Rodríguez.
Las amenazas contra Fernández se hicieron públicas el 9 de mayo, cuando recibió panfletos amenazantes. El mensaje, escrito a mano y firmado por alguien que se hace llamar «Pedro Pluma», advertía sobre represalias si continuaban las requisas en el patio número cuatro de la prisión. «De parte de Pedro Pluma del patio cuarto para el director, que si se vuelve a meter de requisa para el patio, le mato a la familia. Para que vean que yo sí tengo poder y si me trasladan, le mato a la familia», decía el panfleto.
En respuesta a este crimen, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció un operativo candado en Bogotá para capturar a los responsables. «A los asesinos decirles que no nos van a amedrentar», afirmó Osuna, y expresó su solidaridad con la familia del coronel Fernández.
El asesinato también provocó una respuesta de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda criminal de La Inmaculada, quien negó cualquier implicación en el crimen. «Nuestra organización no tuvo nada que ver con el asesinato», afirmó en un comunicado, asegurando que están en diálogos para un cese al fuego y que no atentarán contra la integridad de los funcionarios del Inpec.
Este trágico suceso subraya la urgente necesidad de revisar y reforzar las medidas de seguridad para los funcionarios penitenciarios en Colombia. La falta de protección y la subestimación de las amenazas contra el coronel Fernández ponen de relieve las vulnerabilidades que enfrentan aquellos encargados de mantener la disciplina en las prisiones del país.
