El Ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha anunciado que, bajo la nueva propuesta del Gobierno, algunos miembros de la Primera Línea podrían beneficiarse de la libertad condicional mientras enfrentan sus procesos judiciales. Esta medida no implicaría imputaciones por delitos como terrorismo o concierto para delinquir en el contexto de protestas, lo que podría alterar significativamente la situación legal de los detenidos.
Osuna enfatizó que la aplicación de esta medida sería selectiva y no automática, dependiendo de la situación jurídica individual de cada detenido: «Habría que distinguir entre los que están condenados, los que están sindicados y lo que los abogados soliciten», explicó.
La propuesta llega en un momento en que el Gobierno busca nombrar a algunos miembros de la Primera Línea como gestores de paz, lo que ha generado discusiones sobre la legalidad y la viabilidad de tales decisiones. En febrero de 2024, la situación se complicó aún más cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la recaptura de dos miembros de Primera Línea, Adriana Bermeo y Santiago Márquez, quienes habían sido liberados previamente y designados como gestores de paz.
Este desarrollo sigue a una decisión de la Corte que advierte que el Ejecutivo no puede ordenar la liberación de personas privadas de la libertad por orden judicial sin un fundamento constitucional claro y bien definido, lo que resalta las tensiones entre las ramas del gobierno sobre cómo manejar las consecuencias legales de las protestas y los esfuerzos de pacificación.
