El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia está evaluando evidencia que podría llevar a una formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas violaciones de los topes de financiación electoral en 2022. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz han identificado un patrón de irregularidades tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral.
Según la investigación, la campaña de Petro excedió los límites de gastos establecidos: en la primera vuelta por aproximadamente 3.700 millones de pesos, y en la segunda vuelta por 1.600 millones de pesos. Además, se identificaron aportaciones no declaradas y de fuentes prohibidas que incluyen donaciones significativas de organizaciones como Fecode, el Polo Democrático y la USO, así como gastos no reportados en transporte aéreo y pagos a testigos electorales.
Una de las pruebas más significativas involucra el evento de victoria de Petro en la segunda vuelta realizado en el Movistar Arena, cuyo costo fue parcialmente asumido por el gerente de la campaña, Ricardo Roa, mediante su tarjeta de crédito personal, en un aparente intento de fraccionar los costos para evitar exceder los límites permitidos.

Si la ponencia presentada por Prada y Ortiz es aprobada por al menos seis magistrados del CNE, podría resultar en multas considerables para el candidato, el gerente de la campaña y los auditores involucrados, que podrían oscilar entre el 1% y el 10% de los fondos utilizados. Además, los partidos políticos implicados podrían enfrentar sanciones que van desde multas y suspensión de financiación estatal hasta la cancelación de la personería jurídica.
El proceso que se avecina incluye la votación de la ponencia, seguida de un período de descargos y pruebas, y finalmente, una decisión sobre las posibles sanciones. Además, dado que el presidente Petro está involucrado, el caso podría ser remitido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, lo que potencialmente podría llevar a un juicio político en el Senado sobre si Petro debe ser destituido del cargo. Este caso subraya la tensión entre las prácticas de financiación de campañas y la integridad electoral en Colombia.