La Procuraduría General de la Nación ha emitido un concepto desfavorable que podría afectar de manera definitiva la carrera política de Juan Carlos Upegui, actual concejal de Medellín por el Partido Independientes. Este dictamen, dirigido al Tribunal Administrativo de Antioquia, argumenta que Upegui debería ser despojado de su curul debido a una inhabilidad originada por el nombramiento de su padre como rector de un colegio público en Medellín, contraviniendo las disposiciones legales vigentes.
La ley específica que es citada en el concepto, numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la ley 617 del 2000, establece que familiares de funcionarios en ciertos cargos no pueden ser elegidos en elecciones locales. La Procuraduría, representada por el procurador 143 judicial ll administrativo Juan Nicolás Valencia Rojas, sostiene que la elección de Upegui al concejo en 2023 fue ilegítima debido a esta inhabilidad.
El escenario complicado para Upegui no termina aquí, ya que el futuro de la curul 21, que él ocupa, también está en juego. Contrario a las expectativas de Albert Yordano Corredor Bustamente, quien aspiraba a reclamar la curul por haber ocupado el tercer lugar en las elecciones, la Procuraduría sugiere que este escaño no debe transferirse directamente a él. En cambio, la curul debería volver a la cifra repartidora, beneficiando potencialmente al movimiento Creemos, afiliado al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, y específicamente a Camila Gaviria Barreneche, actual directora del movimiento.
Esta solicitud de la Procuraduría ahora pasa a manos del Tribunal Administrativo de Antioquia y, dependiendo de su decisión, podría llegar al Consejo de Estado si se apela el fallo. Esta situación pone de relieve las complejidades del sistema político y legal en Colombia, donde las disputas por las curules en el concejo pueden reflejar tensiones más amplias dentro del espectro político local.
