La tensión política en Colombia se intensifica tras la reciente denuncia interpuesta contra Daniel Rojas Medellín, director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por sus controvertidos comentarios sobre las marchas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. En un giro de los eventos, Rojas sugirió que narcotraficantes estaban entre los manifestantes, alegando que las «muchas toneladas incautadas» tenían indignados a algunos de los participantes en las movilizaciones del pasado domingo.
Esta declaración ha provocado una reacción inmediata de la oposición, liderada por la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, quien presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General. Holguín acusa a Rojas de descalificar de manera indebida un acto cívico pacífico, atentando contra el buen nombre y la dignidad de los dirigentes y líderes sociales, así como de los ciudadanos que participaron en la protesta.
La denuncia argumenta que Rojas cometió una falta gravísima en su rol de servidor público al emitir comentarios que pueden ser considerados como injuriosos o calumniosos. Estas acciones, según Holguín, violan las normas de conducta esperadas de un funcionario público, especialmente en términos de respeto, imparcialidad y rectitud hacia los ciudadanos.
El episodio no solo ha suscitado una disputa legal, sino que también ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y la politización de los actos administrativos en Colombia. Mientras tanto, el presidente Petro ha respondido a las manifestaciones de forma satírica en redes sociales, lo que ha añadido más leña al fuego del debate público y político en el país.
