En Caucasia, un evento sin precedentes ha desencadenado una amplia conversación nacional sobre la tierra y la vivienda. Hace apenas un mes, durante el Domingo de Ramos, centenares de familias dejaron de pagar arriendo para establecerse en la Hacienda Santa Helena, un extenso terreno que alguna vez perteneció a un conocido narcotraficante. La acción ha visto un crecimiento exponencial de ocupantes tras el discurso del presidente Gustavo Petro, quien visitó la región el 11 de abril, incrementando notablemente el número de invasores.
Este vasto terreno de 378 hectáreas, conocido por su ubicación privilegiada cerca de áreas clave de Caucasia y por su potencial como solución de vivienda, ha permanecido sin uso durante dos décadas. La ocupación espontánea comenzó de manera modesta, pero después de la intervención del presidente, quien durante su visita hizo un llamado a negociar con los propietarios de grandes terrenos, la cantidad de familias viviendo allí se disparó, llenando completamente el espacio disponible.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha sido instruida por Petro para organizar a las familias en una asociación de vivienda y ayudarles a construir sus hogares mediante autoconstrucción. Este movimiento ha convertido a Santa Helena en un símbolo de lucha por la vivienda digna, con nuevos líderes emergiendo entre los ocupantes y una economía pequeña pero vibrante desarrollándose dentro de la ocupación, incluyendo desde puestos de comida hasta una ferretería improvisada.
El caso de Santa Helena no solo ha reunido a personas de diversos estratos económicos y orígenes, sino que también ha planteado serias preguntas sobre el manejo de terrenos asociados con criminales convictos y el rol del gobierno en la provisión de vivienda adecuada. Mientras las autoridades y la comunidad continúan en diálogo para buscar una solución permanente, la situación en Caucasia permanece como un claro indicativo de las complicadas dinámicas de tierra y poder en Colombia.
