El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha reiterado su denuncia ante la Comisión de Acusaciones del Congreso, argumentando una posible financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia. Durante una sesión especial el pasado 23 de abril, Gutiérrez detalló las supuestas irregularidades que involucran a la empresa de criptomonedas Daily Cop, acusada de contribuir económicamente de manera no declarada a la campaña de Petro, incluyendo la compra de un avión utilizado durante la misma.
La denuncia, que inicialmente se presentó el pasado junio, fue ampliada con nuevas evidencias que sugieren una violación de los topes electorales establecidos por el Consejo Nacional Electoral. “Los elementos adicionales que hemos podido incorporar apuntan a una preocupante práctica de lavado de activos y a una violación sistemática de la normativa electoral vigente”, afirmó Gutiérrez en la audiencia. Además, el alcalde instó a la comisión a considerar las declaraciones del Departamento de Estado de EE. UU., que recientemente describió las irregularidades como ‘creíbles’.
Gutiérrez, quien aclaró que acudía en su capacidad de ciudadano y no como alcalde, expresó su preocupación por las repercusiones que este caso podría tener para la democracia del país. “No podemos ignorar estos hechos que ponen en riesgo la transparencia y la equidad que deberían regir nuestros procesos electorales”, señaló. El alcalde también hizo un llamado a mantener una relación institucional entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín, destacando la importancia de abordar las problemáticas regionales con seriedad y respeto.
Por otro lado, Mauricio Pava, abogado defensor del presidente Petro, minimizó la relevancia de la nueva evidencia presentada, describiendo la audiencia como un mero trámite procesal. “Esta diligencia, que se ha llevado a cabo principalmente con base en acusaciones mediáticas previas, no añade elementos nuevos que sean de significativa relevancia para el caso”, comentó Pava.
Con el escándalo aún en desarrollo, la comunidad política y la ciudadanía colombiana aguardan con expectativa las conclusiones de la investigación, que podría tener implicaciones profundas tanto para los implicados como para el panorama político nacional.
