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martes, febrero 11, 2025
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David Alejandro Toro enfrenta demanda de pérdida de investidura por presuntas irregularidades contractuales

El Consejo de Estado de Colombia ha admitido para estudio una demanda de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Alejandro Toro. La demanda, presentada el 18 de abril por el abogado Juan Giraldo Mora, alega que Toro infringió la normativa electoral al haber sido contratista de una entidad pública en Medellín justo antes de las elecciones parlamentarias de 2022, periodo para el cual fue elegido.

La Ley 5 de 1992, que regula el reglamento del Congreso de la República, estipula en su artículo 280 que no pueden ser elegidos congresistas aquellos que hayan intervenido en gestión de negocios o en la celebración de contratos con entidades públicas en su propio interés o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección.

Según el abogado Giraldo, Toro estaría inhabilitado bajo esta normativa debido a su asociación con la corporación Avanti, la cual, representada por Toro, firmó un contrato con el Colegio Mayor de Antioquia durante el periodo preelectoral de 2021.

Este caso ha despertado considerable atención pública y política, especialmente después de que Toro, al conocer la radicación de la demanda, denunciara a través de sus redes sociales que se trata de un intento por silenciarlo y una persecución política por parte de adversarios cercanos al alcalde Federico Gutiérrez. El representante se defiende alegando que las acusaciones en su contra son infundadas y forman parte de una estrategia para desacreditarlo.

El investigador Daniel Salazar, quien colaboró en la presentación de la demanda, sugirió que los recursos del contrato mencionado podrían haber sido utilizados en campañas electorales, lo que añade una capa de complejidad al caso. El abogado Giraldo, por su parte, expresó su confianza en que el proceso judicial podría culminar en la pérdida de la investidura de Toro, dependiendo de cómo se desarrollen los argumentos y las pruebas presentadas en la segunda instancia del Consejo de Estado.

Este proceso legal no solo pone en juego la carrera política de Toro sino que también plantea interrogantes sobre la integridad y la transparencia del proceso electoral en Colombia, siendo un recordatorio de la importancia del cumplimiento estricto de las leyes que rigen la elegibilidad de los representantes públicos.

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