En una ola de crímenes digitales que se ha extendido por Medellín, los llamados ‘criptoladrones’ han causado un verdadero caos financiero. Según una investigación de SEMANA, estos delincuentes han logrado despojar a 129 personas de sus activos digitales, acumulando pérdidas de aproximadamente 1.700 millones de pesos en tiempo récord. Este nuevo método de robo marca un alejamiento de los crímenes callejeros tradicionales hacia una modalidad de fraude cibernético altamente sofisticado.
Los criminales, enfocados en criptomonedas populares como Bitcoin y Ether, han capitalizado en la falta de regulación legal de estos activos en Colombia. Utilizando tácticas que incluyen la infiltración en eventos sociales y manipulación en plataformas de citas como Tinder, los delincuentes han explotado la confianza de sus víctimas, muchas de ellas extranjeras atraídas por el ocio nocturno de la ciudad. Las víctimas, sedadas y despojadas de sus teléfonos, despiertan para descubrir que sus billeteras virtuales han sido vaciadas en cuestión de segundos.
La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía han estado trabajando arduamente para desmantelar esta red criminal. Hasta ahora, han logrado desarticular una parte significativa de la organización y recuperar una fracción de los fondos robados. La Unidad de Delitos Informáticos de la Sijín ha identificado a los coordinadores del grupo y a aquellos responsables de suministrar drogas como la escopolamina, usada para incapacitar a las víctimas.
El creciente número de denuncias, que ha visto un incremento significativo este año, refleja la urgencia de una regulación más robusta. Expertos de la Universidad Externado de Colombia y plataformas fintech como CryptoMarket destacan la necesidad de un marco normativo que proteja eficazmente a los consumidores y regule las transacciones de criptomonedas, dada la creciente prevalencia de estos activos en el país y su atractivo para los delincuentes.
Este incidente subraya la creciente amenaza de los delitos cibernéticos y la necesidad crítica de adoptar medidas preventivas y regulatorias más estrictas en Colombia. Mientras tanto, la comunidad internacional y los inversores en criptomonedas continúan observando de cerca el desenlace de estos preocupantes desarrollos en Medellín.
