En una notable jornada de protestas a nivel nacional este 21 de abril, donde centenares de miles de colombianos se manifestaron en contra de las políticas del gobierno de Gustavo Petro, el presidente hizo declaraciones que han suscitado controversia. A través de su cuenta en la red social X, Petro afirmó que las manifestaciones congregaron a «aproximadamente 250,000 personas en todo el país», una cifra significativamente menor a los reportes locales que solo en Medellín estimaron cerca de 350,000 participantes.
Las marchas, que se extendieron por más de 25 ciudades colombianas, fueron descritas por los organizadores y asistentes como pacíficas y multitudinarias. No obstante, el presidente Petro calificó a la mayoría de estas como «débiles», exceptuando a Medellín, Bogotá y Bucaramanga. Además, Petro sugirió que las protestas son parte de un «golpe blando», un término que utilizó para describir intentos de desestabilizar su gobierno.
El mandatario también hizo un llamado a las «fuerzas populares» para que se organicen y participen en nuevas manifestaciones a favor de su administración, programadas para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo. Según Petro, estas futuras marchas representan una oportunidad para que se escuche «la voz popular», en contraposición a lo que él considera un intento de la derecha de «burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo».
Pese a la polarización que generan sus comentarios, la administración de Petro ha expresado que esta semana será crucial para el diálogo y la autocrítica. En un tono más conciliador, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, destacó que las manifestaciones se llevaron a cabo con todas las garantías y que el gobierno está abierto al diálogo y respetuoso de las críticas. Sarabia subrayó la importancia de reconocer el descontento público y de reflexionar sobre las demandas expresadas durante las marchas.
Este contraste en las respuestas dentro del mismo gobierno plantea un escenario complejo para los días venideros, donde la unidad y la capacidad de mediación serán cruciales para abordar las crecientes tensiones sociales y políticas en Colombia.
